El Ministerio de Educación (Meduca), en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Defensoría del Pueblo, lanzó un firme llamado a la comunidad educativa, ante las recientes denuncias de padres de familia sobre la presunta manipulación de estudiantes por parte de algunos docentes durante protestas magisteriales.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó su rechazo a estas acciones que, según afirmó, vulneran los derechos y la integridad de los menores. “No se puede usar a nuestros niños como escudos, ni poner en riesgo su integridad por causas particulares”, declaró durante una conferencia de prensa.
Además, mencionó testimonios de padres que aseguran que a sus hijos se les ha amenazado con malas calificaciones si no participan en las protestas.
Molinar aseguró que el Ministerio, como institución, está en la obligación de interponer las denuncias correspondientes y proteger el bienestar de los estudiantes. También hizo un llamado a los docentes a retomar las clases, recordando que todos tienen derecho a los recursos legales, pero que “la razón no se impone por la fuerza”.
Durante el encuentro se recordó el contenido de la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, que establece derechos y deberes claros para cada actor del sistema educativo, con el fin de garantizar un entorno seguro y respetuoso para el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Deberes del docente
Garantizar la formación libre y crítica: Está prohibido incurrir o permitir actos de manipulación, condicionamiento o adoctrinamiento que limiten el desarrollo integral, la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes.
Denunciar situaciones de riesgo: Todo caso de abuso o maltrato contra un estudiante debe ser denunciado siguiendo los protocolos establecidos por la Ley 285.
Promover un ambiente respetuoso: Las aulas deben ser espacios seguros donde se promuevan el respeto, la equidad y los derechos humanos.
Cumplimiento obligatorio: El incumplimiento de estos deberes conlleva sanciones disciplinarias y posibles responsabilidades penales.
Deberes del padre, madre o representante legal
Garantizar la asistencia escolar: Es deber de los padres enviar a sus hijos al centro educativo y velar por su asistencia regular. Impulsar el cierre de las escuelas o impedir el acceso vulnera el derecho a la educación de los menores.
Asegurar el desarrollo integral: La educación forma parte del bienestar integral de los hijos, y el privarlos de este derecho puede derivar en consecuencias legales.
Proteger a los hijos de intereses ajenos: Ningún menor debe ser utilizado con fines distintos a su formación, ajenos a la educación.
Deberes del director del centro educativo
Solicitar medidas de protección: Ante cualquier vulneración del derecho a la educación, el director debe gestionar la intervención de las autoridades correspondientes.
Garantizar la continuidad educativa: Es su responsabilidad asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin interrupciones.
Proteger la integridad educativa: El director debe velar porque los estudiantes no sean utilizados para actividades ajenas a su desarrollo académico y personal.
El Ministerio de Educación, junto a la SENNIAF y la Defensoría del Pueblo, reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, haciendo un llamado a cumplir con los deberes establecidos por ley, con responsabilidad, ética y conciencia.
Respetar estos principios es fundamental para construir una educación de calidad, equitativa y segura para todos.
